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Rechaza ONU-DH Constitucionalizar Guardia Para Seguridad Pública

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, advirtió que la minuta de creación de la Guardia Nacional –que se discute en el Senado— “no pasa la prueba de la convencionalidad”, ya que apuesta por constitucionalizar la participación castrense en tareas de seguridad pública.
Con ello, México incumpliría con el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos que está obligado a cumplir, por lo que en caso de aprobar el surgimiento de una Guardia Nacional, se debe eliminar de su diseño el componente militar y conformarse como una corporación netamente civil.
La normalidad en un Estado democrático de derecho, subrayó, es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de las corporaciones civiles y del sistema de procuración de justicia. Bajo ese principio, resulta incomprensible que hoy en día en México se esté discutiendo una propuesta que “prácticamente renuncia a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad, e incluso aspira a desaparecer la principal corporación existente (la Policía Federal)”.
Al participar el Parlamento Abierto convocado por el Senado para discutir el contenido de la minuta de creación de la Guardia Nacional, que inició este lunes y se realizará toda la semana, Jarab enfatizó que los argumentos de quienes están en favor de la creación de ese cuerpo de características militares es que las corporaciones civiles son débiles y poco profesionales.
A lo que replicó que si esto es verdad, “¿no es entonces tiempo para impulsar su crecimiento, para profesionalizarlas? La ONU-DH considera que si un país como México quiere recuperar su tranquilidad, debe hacerlo a través del fortalecimiento de los pilares ordinarios y no haciendo lo extraordinario”.
Remarcó que el propio gobierno ha reconocido que la estrategia del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha sido un fracaso, al grado de que en entidades en las que más elementos castrenses se han desplegado para esas acciones, como Guerrero o Tamaulipas, siguen siendo de los más violentos. Además del sinnúmero de víctimas que ha dejado y de graves violaciones a los derechos humanos.
“Preocupa que en lugar de su retiro programado de estas tareas para las que no ha sido creadas, (la minuta) propone crear una corporación con características militares y, además, constitucionalizar la participación castrense en esas tareas”.
Para el representante de esa oficina del organismo multilateral, no es desconocido que una de las razones de la grave crisis de inseguridad que enfrenta el país es que la gran debilidad del sistema judicial sea la impunidad causada por la mala calidad de las investigaciones. Por lo que interrogó: “¿Por qué en lugar de fortalecer a la justicia se propone hacerlo con las fuerzas armadas?”.
Agregó que la experiencia nacional e internacional muestra los riesgos para las garantías fundamentales que representa el uso de las fuerzas armadas, pues el fuero militar ha propiciado la impunidad ante violaciones a derechos humanos, y los cuarteles castrenses han sido “espacios privilegiados para malos tratos y tortura” a gente detenida en esos cuarteles. Pero (la minuta) propone abrir la puerta constitucional para probar de la libertad a personas en instalaciones castrenses”.
Aunado a ello, remarcó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado contra la militarización de la seguridad. En el primer caso, al declarar inconstitucional la ley de seguridad interior, aprobada el sexenio pasado; mientras que el mecanismo internacional ha insistido que en caso de que se llegue al extremo de requerir la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, ésta debe ser extraordinaria, temporal, restringida, subordinada, regulada y fiscalizada por instancias civiles, por lo que la propuesta de minuta “no pasa la prueba de la convencionalidad”.
A los legisladores les recordó que ésta es la tercera ocasión que comparece ante un recinto legislativo para hablar del tema y que la oficina a su cargo ha presentado tres documentos técnicos sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las obligaciones de México al respecto. Y si bien, celebró que se hayan escuchado algunas de sus propuestas referentes a un marco regulatorio homogéneo a un registro de detenciones o el uso de la fuerza, “éstas palidecen ante la pretensión central de la enmienda que se analiza”: la constitucionalización de la participación militar en seguridad pública.
Por ello, hizo seis propuestas que confía sean escuchadas, y sobre todo contempladas por los legisladores para la aprobación de la Guardia Nacional: que no se desatienda la necesidad de garantizar el componente meramente civil para esta corporación y sujetarla a controles democráticos del orden civil.
Además, que en caso de que se contemple el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, éste sea transitorio y se sujete a un plazo perentorio de vigencia a fin de ser acorde a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Generar un real fortalecimiento de las corporaciones civiles de seguridad y del sistema de procuración de justicia y que se cierre la puerta a la licencia constitucional para privar de la libertad a civiles en instalaciones militares.

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