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Juez Español Reabre el Caso Moreira

Santiago Pedraz, el juez español de la Audiencia Nacional que instruye la investigación contra el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira, decidió finalmente reabrir el caso y emprender dos acciones concretas: solicitar información al Estado mexicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR, que tiene una delegación en España) y enviar una comisión rogatoria a Estados Unidos para prestar declaración a dos testigos clave y en calidad de “protegidos”.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción española es que Moreira diseñó un mecanismo de corrupción a través del cual no sólo desfalcaba al erario público mexicano y “blanqueaba” ese dinero en suelo español a través de inversiones de diversa índole, sino que también fungía como operador del crimen organizado y de algunas de los grupos criminales más peligrosos del país, como los llamados Zetas.
Fuentes de la Audiencia Nacional de España confirmaron que el juez Pedraz decidió dar luz verde a las peticiones realizadas por los fiscales españoles para reabrir el caso Moreira, una vez que se conocieron los testimonios de dos testigos clave que se encuentra en Estados Unidos y que están bajo custodio de un juzgado de San Antonio, Texas.
Al parecer, esos dos testigos protegidos tienen pruebas para sostener que Moreira malversó dinero público, diseñó una red de blanqueo y expandió a través de su poder político los tentáculos del crimen organizado no sólo en México y Estados Unidos, sino también en Europa a través de España.
La investigación contra Humberto Moreira se abrió en España hace más de cinco años, cuando dos fiscales, José Grinda y Juan José Rosa, fueron despejando una compleja red criminal que tenía como principal propósito la expansión de los intereses económicos y comerciales del crimen organizado mexicano.
Para la investigación recibieron informes, testimonios y documentos no sólo de los servicios de inteligencia españoles -que vigilaban los pasos Moreira y de otros supuestos operadores en Europa de los carteles mexicanos, como el empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “Mono Muñoz”- sino también del juzgado de San Antonio, que tomó declaración en primer lugar a Rolando González Treviño, que se presentó como “prestanombres” de Moreira.
Cabe recordar que Moreira permaneció encarcelado en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, en España, durante dos semanas en enero del 2016. Las supuestas presiones políticas del gobierno de México, del Presidente Enrique Peña Nieto, y los apoyos que recibió el propio Moreira en España por parte del gobierno del conservador Mariano Rajoy, permitió su liberación.
De hecho en aquellas semanas circularon fotografías desveladas por el entorno de Moreira en las que aparecía el político mexicano con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien es a su vez amigo de Santiago Pedraz. Incluso un medio digital ibérico, El Español, llegó a afirmar que Moreira habría contratado a Garzón para operar su defensa y salida de prisión y de España, y que había sido el propio Garzón el que habría convencido a Pedraz de su puesta en libertad.
También se señaló a la embajadora de México en España, Roberta Lajous, como la operadora de la orden lanzada desde Los Pinos para “poner toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, según una investigación realizada en aquellos días por el diario español El País.
Ahora, con la información facilitada por el juez estadunidense a los fiscales ibéricos, el ex gobernador de Coahuila podría tener que volver a responder ante la justicia español por cuatro supuestos delitos: blanqueo de capitales, asociación delictiva, malversación de fondos públicos y prevaricación. Para eso será crucial la comisión rogatoria ordenada ahora por el juez Pedraz para prestar declaración a los dos testigos protegidos, que son el ya mencionado Rolando González Treviño y Héctor Javier Villareal.
Según publica el diario catalán La Vanguardia, los nuevos testimonios “explican cómo Moreira durante su etapa como gobernador vació las arcas públicas para desviarse hasta 3 mil millones de pesos a sociedades suyas bajo el nombre de “testaferros”. El relato de los testigos de excepción muestran la corrupción en estado puro. Pago a los votantes para que apoyaran su nombramiento, desvío de fondos a empresas suyas, adjudicaciones fraudulentas, apoyo de los cárteles de la droga, connivencia con medios de comunicación y blanqueo de capitales”.
De hecho durante la investigación se incluyeron en el sumario algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo Moreira durante su estancia en Barcelona, en el año 2015, y que fueron grabadas por los servicios de inteligencia españoles.
Entre los interlocutores de excepción con los que Moreira mantenía una estrecha relación había destacados políticos y funcionarios mexicanos, pero también importantes empresarios de los medios de comunicación, tanto regionales, de su natural Coahuila, como nacionales y que tienen su centro de operación en la Ciudad de México.
Según la información del diario catalán, “”el nuevo testigo, que dará su versión ante la Justicia española, ha relatado con todo lujo de detalles -de los que tiene prueba documental- cómo Moreira colocó a su secretario personal al frente de sus sociedades, las cuales recibieron adjudicaciones del gobierno de Coahuila cuando él llegó a ser gobernador. Según este testimonio, estas empresas no tenían estructura como para prestar os servicios por os que facturaba. Posteriormente, a su secretario personal le llegó a nombrar diputado local”.
Una de las empresas que menciona es Unipolares, precisamente la misma a través de la cual justificó en enero de 2016 ante el juez Santiago Pedraz que su actividad era real y por lo que se archivó el caso en España. Este testigo dice tener facturas de que el Estado de Coahuila sobrefacturó a esta empresa, un dinero por trabajos inexistentes y que sería utilizado para el uso personal de Moreira.

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