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Desplazados por Violencia Exigen Presencia de GN en Guerrero

Desplazados de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Zitlala, ubicados en la sierra de Guerrero, exigieron al gobierno federal el envío de la Guardia Nacional a sus comunidades a fin de restablecer la paz en la región, que se vieron obligados a abandonar por la presencia de grupos armados que “se hacen pasar como policía comunitaria”.
Asimismo, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (SG) retomar las negociaciones con los grupos de autodefensa, entre ellos los de Guerrero, “pues representa una pequeña esperanza de que ahora sí se estaba trazando una ruta de seguridad para nuestro retorno a las comunidades”. Ello, aun cuando no están en favor de que exista impunidad para el grupo que los expulsó de sus hogares.
En conferencia, informaron que desde hace nueve meses decenas de familias tuvieron que huir de sus comunidades por la presencia de estos grupos, al que califican de “narco-comunitarios”. Tras varias semanas refugiados en Chichihualco, decidieron instalar en febrero un plantón en el exterior del Palacio Nacional, el cual levantaron el 27 de marzo al alcanzar varios acuerdos con la SG, entre ellos que se instalaría un perímetro de seguridad en tres puntos, la presencia de grupos de las fuerzas armadas y garantizarles educación, alimentación y salud.
Indicaron que a cinco meses de esos acuerdos, sólo les han cumplido la renta para las casas en los municipios en los que se han refugiado, el tema de la alimentación y que se les haya reconocido como víctimas de desplazamiento forzado. “Pero siguen pendientes la presencia de cuerpos de seguridad y el establecimiento del perímetro”, indicó Teodomira González, del Centro Regional de Defensa de Derechos HUmanos José María Morelos y Pavón, organización que acompaña a los desplazados.
Bartolo Hernández Ortiz, del municipio de Eduardo Neri, indicó que lo único que quieren es regresar a la tranquilidad y poder retirar a sus comunidades seguros. por ello, demandó el envío de la Guardia Nacional, “porque la policía comunitaria es en realidad narco-comunitaria”.
Los representantes de las 84 familias desplazadas, señalaron que los responsables de la huida de sus comunidades es el llamado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUOCEG).
Demandaron audiencia con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Alfonso Durazo, “para que nos dé a conocer un proyecto de retorno a nuestras comunidades de origen, si está considerando implementar ya la estratega de seguridad prometida para nuestra región y si es así, en cuánto tiempo se implementará”.
Omar González, de la comunidad Campo de Aviación, indicó que se trata de una pelea por las tierras, donde por generaciones se ha sembrado, cosechado y vendido la goma de opio. “Son actividades que tenemos de generación a generación, era una economía para nosotros. La única fuente de empleo”.
Sin embargo, acotó, recientemente el precio del kilogramo de este enervante cayó, pues hace tiempo se pagaban entre 18 y 22 mil pesos por kilo, y ahora son sólo 4 mil.
Este producto, reconoció, se vende al crimen organizado y 90 por ciento de los pobladores del llamado corredor Casa Verde-Corralitos, se dedica a la siembra de la opiácea.
“Nosotros sólo somos agricultores, sembramos, cosechamos, vendemos. Ellos nos compran, ellos son los que generan la violencia”.
González resaltó la necesidad de que las autoridades les den las opciones para el retorno a sus comunidades, sobre todo ahora que se prevé la regularización de la mariguana, con lo que , afirmó, se presentarían nuevas oportunidades para ellos, al no ser víctimas de persecución de las autoridades por sembrar el producto, ni presas del crimen organizado.

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